Javier Milei, el destacado crítico del Estado argentino y ferviente defensor del anarcocapitalismo, se encuentra en el epicentro de una sorprendente paradoja. A pesar de sus proclamas en contra de la intervención gubernamental y su llamado a la reducción del Estado, los datos revelan una realidad impactante: Milei ha utilizado abrumadoramente los fondos estatales para financiar su campaña, desafiando la coherencia entre su discurso y sus acciones.

Los números no mienten: del total de 454.857.651 millones de pesos que recibió para su campaña, apenas un 12,5% provino de aportes privados, mientras que el 87,5%, equivalente a 397.859.930 millones de pesos, provino directamente de la caja del Estado. Estos datos, presentados de manera desglosada por La Libertad Avanza, revelan una contradicción evidente entre la retórica antiestatal de Milei y su notable dependencia de los recursos públicos que critica vehementemente.

La campaña de Milei no solo se benefició financieramente del Estado, sino que también asignó considerables sumas a la propaganda electoral y otros gastos, según los datos preliminares entregados a la Justicia Electoral. En propaganda electoral se gastaron $192.297.757 y en otros gastos más de 278 millones de pesos, resaltando la paradoja de utilizar recursos estatales para denunciar la intervención estatal.

El impacto de esta contradicción se magnifica aún más con el último episodio: para el balotaje de este domingo, el Estado destinó 250 millones de pesos para la impresión de boletas. Sin embargo, Milei solo utilizó el 20% de esta suma, generando interrogantes sobre el destino del remanente de estos fondos. Esta pregunta sin respuesta plantea un desafío a la transparencia y la responsabilidad financiera que Milei predica en sus discursos.

En el balotaje, los votantes no solo se enfrentan a una elección política, sino a la evaluación de la congruencia de quien aboga por la reducción del Estado mientras depende sustancialmente de sus recursos. La paradoja de Milei no solo cuestiona la integridad de sus principios, sino que también arroja luz sobre la necesidad de una coherencia genuina entre el discurso político y las prácticas reales de aquellos que buscan liderar el país.