En un giro alarmante de los acontecimientos políticos en Argentina, ha surgido la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", una propuesta que, lejos de promover la libertad, plantea una seria amenaza para la estabilidad democrática del país. Este proyecto, que hace alusión directa al influyente libro de Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución de 1853, plantea una serie de disposiciones que podrían desencadenar el fin de la república para dar paso a un régimen potencialmente tiránico.

El artículo más preocupante de esta ley solicita al Congreso que delegue amplias facultades al Presidente, otorgándole poderes extraordinarios en áreas que van desde lo económico y financiero hasta lo social y sanitario. Esta delegación masiva de poder al Ejecutivo, bajo la premisa de una "emergencia pública", plantea serias interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la protección de las libertades individuales.

En el artículo 3º de la ley, se declara una "emergencia pública" que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por dos años más. Este período prolongado de emergencia sugiere la concentración de poder a largo plazo en manos de un solo individuo, en este caso, el actual presidente, Javier Milei, quien se garantizaría un extenso mandato con poderes delegados a sí mismo.

Uno de los aspectos más inquietantes de la ley es el cambio propuesto en la fórmula de actualización de jubilaciones y la transferencia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSES al Ministerio de Economía, bajo la administración de Luis Caputo. Este cambio implica un control directo del Estado sobre los activos del FGS, que actualmente están en manos de la ANSES. La disposición de transferir los activos del FGS al Tesoro Nacional plantea serias dudas sobre la gestión transparente y responsable de estos recursos. Este movimiento sugiere la posibilidad de utilizar el fondo de jubilaciones como garantía para respaldar la deuda del país, un acto que podría comprometer la seguridad financiera de los jubilados y las generaciones futuras.

En el apartado 221, referente a la deuda del sector público, se busca consolidar en el Estado Nacional las tenencias de títulos de deuda pública de entidades del Sector Público Nacional y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad. Este movimiento plantea una centralización masiva de la deuda, otorgando al Ministerio de Economía un control aún más significativo sobre los asuntos financieros del país.

No obstante, en un paquete que busca una privatización a gran escala, Javier Milei propone la venta de importantes activos nacionales. Entre las empresas en la mira se encuentran YPF, Aerolíneas Argentinas, el sistema ferroviario, las centrales atómicas, Aysa, el Correo Argentino, la TV Pública y el Banco Nación, entre otras. Esta iniciativa plantea una transformación radical en la estructura económica y social de Argentina, afectando sectores estratégicos y esenciales para la soberanía y el bienestar de la población.

Además, la Ley Ómnibus faculta a Milei a autorizar el ingreso de tropas extranjeras sin previo aval del Congreso. Así, el "libertario" tendría la capacidad de llamar a un ejército invasor para que lo ayude a "pacificar" el país o incluso a asumir la "protección" de recursos estratégicos, como el litio para Elon Musk. Esta disposición plantea un escenario de riesgo aún mayor, donde la soberanía nacional podría estar en juego, permitiendo acciones que comprometerían la independencia y autonomía de Argentina. 

Un dato curioso, pero no menos inquietante, se encuentra en el apartado sobre las "reglas durante el juicio". La propuesta sugiere que los jueces llevarán "toga negra y martillo", creando una imagen impactante y cuestionable que evoca la estética de las películas de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Esta imagen estilizada de los jueces federales podría desviar la atención de cuestiones cruciales y fundamentales, como la protección de los derechos individuales y el debido proceso legal.

En resumen, la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la república, introduciendo cambios sustanciales que podrían socavar los principios democráticos y abrir la puerta a un potencial régimen tiránico. Es crucial que la sociedad argentina examine de cerca estas propuestas y cuestione su impacto en la libertad y la estabilidad democrática del país. Por ultimo hacer una "ley ómnibus" tiene muchos articulo, por ende a medida que lo valla analizando ire publicando sus impactos