En medio de un clima político candente, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina ha llevado a cabo un segundo paro nacional durante la administración del presidente Javier Milei. Esta vez, la medida de fuerza ha alcanzado una alta adhesión debido al respaldo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que paralizó trenes y colectivos, entre otros servicios vitales. Si bien algunos cuestionan la premura de esta acción, la CGT argumenta que los hechos políticos impulsados por el gobierno de Milei justifican su convocatoria al paro nacional.
En el centro de las tensiones se encuentra la reforma laboral impulsada por el gobierno. Esta reforma propone cambios significativos, como la eliminación de la indemnización por despido y la introducción de una nueva categoría laboral, el "colaborador", que encubre la relación de dependencia laboral, transformando aquel trabajo en blanco , con derechos sociales consagrados a trabajadores monotributista. También ,en este sentido , el gobierno planea eliminar el "monotributo social" , y unificarlo con el monotributo tradicional .Y en consonancia , planea un fuerte incremento en las cuotas de las distintas categorías de dicho régimen . Además, se destaca el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres a partir de los 65 años, la eliminación de las moratorias jubilatorias y la pérdida de derechos para aquellos que trabajan en el mercado informal.
Uno de los puntos más controversiales es el nuevo régimen de grandes inversiones, conocido como "RIGE", promovido por el gobierno. Este régimen, según críticos y sindicatos, tiene un marcado carácter expoliador y podría convertir a Argentina en una colonia del capital internacional. Se teme que las grandes corporaciones extranjeras exploten los recursos naturales del país sin restricciones, llevándose las ganancias sin contribuir equitativamente al desarrollo nacional. Actualmente, la industria minera solo deja el 3% de regalías a las provincias, una cifra que muchos consideran insuficiente. Sin embargo, con el nuevo régimen, se prevé un aumento en la explotación y una mayor inequidad en la distribución de beneficios.
La CGT y otros sectores sindicales argumentan que estas políticas favorecen a los intereses corporativos y a expensas de los derechos laborales y sociales de los trabajadores argentinos. El paro nacional no solo busca expresar el descontento ante estas medidas, sino también presionar al gobierno para que reconsidere sus políticas y busque soluciones que protejan los derechos de los trabajadores y promuevan un desarrollo económico más equitativo y sostenible.
Por su parte, el gobierno de Milei ha respondido a las críticas acusando a la CGT de obstaculizar el progreso y de aferrarse a privilegios obsoletos. Se argumenta que las reformas propuestas son necesarias para modernizar la economía y atraer inversiones extranjeras que impulsen el crecimiento y la creación de empleo. Sin embargo, muchos ciudadanos y sectores sindicales sostienen que estas medidas solo benefician a una élite privilegiada, mientras que la mayoría de la población enfrenta condiciones laborales precarias y una creciente desigualdad.
El paro nacional liderado por la CGT refleja la creciente polarización política y social en Argentina. Mientras que el gobierno de Milei busca implementar reformas radicales para cambiar el rumbo del país, los sindicatos y diversos sectores de la sociedad civil están firmemente decididos a resistir cualquier medida que considere una amenaza para los derechos y el bienestar de los trabajadores argentinos.
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